Y el domingo pasado la reportera Lourdes Maldonado fue tiroteada dentro de su coche.
Cientos de personas se concentraron frente a la sede de la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México exigiendole al gobierno que tome medidas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa diaria volvió a prometer que los responsables serían castigados y no habría impunidad.
Pero los precedentes no son alentadores. Más del 90% de los asesinatos de periodistas y defensores de los derechos siguen sin resolverse.
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, instó a México a tomar medidas más duras.
Maldonado acababa de ganar tras seis años de pleito un juicio por despido improcedente a una empresa propiedad de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California de 2019 a 2021.
La periodista le pidió al presidente mexicano "apoyo, ayuda y justicia", porque temía por su vida.
En 2012, México introdujo un Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Martínez, muerto a tiros el 17 de enero, y Maldonado, abatido el domingo, habían solicitado su amparo.
Martínez había sido amenazado por un bloguero supuestamente vinculado a delincuentes, pero seguía esperando en vano protección.
A Maldonado le habían puesto un guardia durante un año al salir y llegar a su domicilio.
Pero no había policías presentes el domingo cuando le dispararon a la misma puerta de su casa.
El mecanismo no tiene suficientes recursos y sufre el insuficiente compromiso de otras instituciones estatales y la falta de coordinación con las autoridades regionales. Martínez pidió ayuda al gobierno federal, pero su solicitud estaba atascada en una burocracia ineficaz.
Además de los asesinatos en Tijuana, el periodista y activista de las redes sociales José Luis Gamboa murió tras ser apuñalado y abandonado en la calle en el estado oriental de Veracruz a principios de mes.
Ha habido manifestaciones en Veracruz, San Luis Potosí, Durango y Nayarit.
Más de 100 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 en México.