Gobierno tiene libertad legal para endurecer la migración secundaria de refugiados
El informe jurídico realizado por el profesor Marius Emberland concluye que el Estado noruego tiene gran libertad para endurecer la regulación de los denominados traslados secundarios. Este análisis reciente otorga al Ejecutivo un margen de maniobra clave para restringir la capacidad de los refugiados para desplazarse entre municipios, fenómeno conocido como migración secundaria. La estrategia no busca una prohibición absoluta de la mudanza, sino limitar el derecho a recibir apoyo financiero para quienes decidan trasladarse sin contar con un empleo en la localidad de destino, aliviando así la presión sobre los servicios públicos en las zonas de mayor saturación.
Aunque los refugiados tienen actualmente derecho a elegir su lugar de residencia en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos —un derecho amparado por la Constitución, los derechos humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados—, el informe señala que el Estado podría legalmente:
Vincular el derecho a la asistencia social al municipio de residencia original.
Imponer requisitos de trabajo o autosuficiencia para permitir el traslado.
Utilizar instrumentos económicos para impedir la mudanza si no se cuenta con un empleo en el destino.
Impacto en los municipios
La saturación de servicios públicos es una realidad señalada por el Ejecutivo. Así lo reportaron varios medios includio VG en el 2024.
- Numerosas familias de refugiados se desplazan desde las zonas rurales, huyendo de la oscuridad y el frío del norte. Muchas de ellas terminan en Sarpsborg, ciudad que se ve obligada a recortar los servicios de atención a la tercera edad para poder ofrecer la educación y los servicios a los que tienen derecho los inmigrantes -. Diario VG
Cómo funciona el sistema actual
La mayoría de los refugiados son ubicados mediante un acuerdo entre la Dirección de Integración y Diversidad (IMDi) y un municipio específico.
El Estado paga al municipio una ayuda por cada refugiado durante cinco años. Si el refugiado se muda -con un permiso -, el dinero sigue a la persona hacia el nuevo municipio.
Actualmente, un refugiado con medios puede elegir dónde vivir, pero si se muda sin trabajo y sin permiso del nuevo municipio, pierde su paga mensual - ayuda económica por asistir al programa de introducción-.
Aunque el refugiado pierda su paga individual, el municipio de destino - como Oslo o Sarpsborg - está obligado por ley a darle servicios básicos. Como la mudanza no fue acordada, el municipio no recibe el subsidio estatal y debe pagar esos gastos de su propio bolsillo.
Ante esto el Ejecutivo afirmo - que es lamentable que algunos refugiados se muden a un nuevo municipio sin tener un trabajo. Además anunció, una política de integración enfocada en aumentar el número de personas empleadas, para contrarrestar este problema - .
Sin embargo, este enfoque ha generado críticas. Nshimiyimana Evariste, consultor del municipio de Tromsø dijo para medio Nordnorsk Debatt que para muchos, esto puede tener consecuencias importantes. "Mudarse suele estar relacionado con el trabajo, la educación o la cercanía a la familia y las redes de contactos establecidas. Requisitos fundamentales para una integración exitosa a largo plazo".
Mundo inseguro, más refugiados
La ministra de Empleo e Inclusión, Kjersti Stenseng, puntualizó que el documento es solo un análisis y no supone medidas inminentes. No obstante, las cifras de asilo siguen subiendo. El Ministerio ajustó la solicitud de reasentamiento para 2026 de 13.000 a 16.000 personas. Stenseng, citada por VG, señaló que "un mundo más inestable dificulta calcular cuántas personas llegarán".
