Prohibición de redes a menores: UE protege a Meta, TikTok y otros

El proyecto original para limitar el acceso a los menores de 16 años a redes sociales, presentado el verano pasado y enviado posteriormente a consulta pública, incluía además sanciones directas a las empresas tecnológicas.

Con esta medida, el primer ministro Jonas Gahr Støre y la ministra de Infancia y Familias, Lene Vågslid, enfatizaron en un comunicado oficial, que el objetivo principal es asegurar "una infancia en la que los niños puedan ser niños". Desde el ejecutivo se sostiene que el juego, las amistades y la vida cotidiana de los jóvenes deben desarrollarse plenamente sin ser absorbidos por el uso constante de pantallas y algoritmos. Asimismo, la ley busca proteger a los menores de la publicidad manipuladora y de dinámicas digitales que generan adicción, además de resguardarlos de peligros graves como el grooming - ciberacoso y acoso sexual por parte de adultos - o el reclutamiento por parte de redes criminales.

El gobierno noruego presentó originalmente este proyecto de ley buscando que las empresas tecnológicas implementaran obligatoriamente sistemas de verificación de edad, proponiendo además sancionar económicamente a las plataformas que permitieran el acceso a niños y menores de 16 años. Este enfoque original se inspiraba en un modelo parecido al que Australia ha comenzado a implementar, aunque con un trasfondo muy diferente.

El gobierno australiano aprobó con éxito una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Como nación soberana no atada a la legislación europea, Australia puede imponer estas normas de forma directa en su territorio. Bajo este marco legal, las sanciones recaen exclusivamente en gigantes tecnológicos como Meta, TikTok o X, que se enfrentarán a multas millonarias de hasta 49,5 millones de dólares australianos si no toman las "medidas razonables" para bloquear las cuentas de los menores.

A diferencia de la soberanía australiana, Noruega pertenece al Espacio Económico Europeo (EEE) y está obligada a regirse por las normativas de la Unión Europea. La Ley de Servicios Digitales (DSA) prohíbe estrictamente que un país miembro - o asociado, como Noruega - imponga multas o reglas técnicas unilaterales a empresas digitales cuyas sedes europeas se encuentren en otro Estado - como ocurre con Meta, Google o TikTok, asentadas en Irlanda-.

Por ello, expertos en derecho del EEE advirtieron rápidamente que el plan noruego original era ilegal frente al marco jurídico europeo. En declaraciones para Rett24, el profesor Stian Øby Johansen señaló que las normas dictan que solo la Comisión Europea o el Órgano de Vigilancia de la AELC (ESA) tienen la facultad de fiscalizar y sancionar directamente a estas grandes plataformas. Ante este freno internacional, el gobierno noruego se vio obligado a dar marcha atrás: eliminó por completo las sanciones y exigencias del borrador, reduciendo el texto a una recomendación, que impide poner la responsabilidad a las gigantes tecnológicas.

De acuerdo con el periodista Kjetil Kolsrud de Rett24, al haber quedado la ley reducida a una recomendación general sin mecanismos de castigo locales ni barreras técnicas por parte de las plataformas, "seguirán siendo únicamente los padres quienes deben controlar las redes sociales de los niños".

El gobierno noruego argumenta que mantiene la esperanza de que la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea sea la que, en un futuro, termine exigiendo a nivel continental que las empresas verifiquen la edad de sus usuarios. Sin embargo, Johansen citado por Rett24 advierten que confiar en que la DSA resuelva este problema es "demasiado optimista", ya que las autoridades locales noruegas seguirán sin tener poder para exigir este control.

A pesar de las limitaciones, el gobierno noruego sigue firme en su intención de aprobar la ley, con el objetivo de presentar el proyecto definitivo ante el Parlamento (Stortinget) antes de que termine el año. Actualmente, el borrador se encuentra en el periodo de consulta obligatoria del Espacio Económico Europeo (EØS-høring) para evitar trabas comerciales, un trámite que suele durar tres meses.

Sin embargo, al no contar con herramientas legales para forzar a las empresas tecnológicas, el cumplimiento real de esta restricción de edad terminará dependiendo por completo de la supervisión, los límites y la responsabilidad que asuman los padres en cada hogar.