Ni perdón ni olvido. Cuando el fanatismo no debate sino aniquila
A 15 años de los atentados terroristas que remecieron a Noruega. Hay silencios que pesan más que cualquier estruendo. Al recorrer el lugar del primer atentado del 22 de julio de 2011 en Oslo, resulta sobrecogedor contemplar el arte conmemorativo elaborado con los propios restos que dejó la explosión. Estar allí no solo impacta por la magnitud de la tragedia, sino por la lección de dignidad de una sociedad que decidió no ocultar sus cicatrices, sino convertirlas en un recordatorio indeleble del peligro que representa el extremismo.
¿Cómo entender el trastorno de alguien capaz de hacer detonar un coche bomba en el distrito gubernamental de la capital en plena jornada laboral? ¿Hasta dónde la intolerancia despiadada puede cazar, literalmente, por más de una hora a jóvenes y adolescentes indefensos en un campamento de verano en la isla de Utøya? Hay una explicación: es el fanatismo que no debate sino aniquila al diferente.
Insania terrorista, supremacía sin remordimiento
Lo ocurrido hace quince años en Noruega es el ataque terrorista más sangriento y devastador en la historia moderna del país escandinavo, perpetrado por Anders Behring Breivik, hoy inquilino de la prisión de Ringerike, aislado en un módulo de alta seguridad para evitar la propagación de su ideología extremista y garantizar la seguridad de la nación.
En todos estos años, el perpetrador, convicto y confeso supremacista, ha intentado usar el sistema judicial para victimizarse o pedir libertades condicionales que, por fortuna y con firmeza, los tribunales rechazan sistemáticamente por su peligro persistente y ausencia de arrepentimiento. Noruega responde con el Estado de derecho: ni justicia por mano propia ni venganza popular, sino ley, aislamiento firme y memoria.
El extremismo no tiene exclusividad ideológicaEl reclamo de justicia y la consigna de “ni perdón ni olvido” no pueden seguir siendo patrimonio ni monopolio de ninguna bandera ideológica. La violencia política y el crimen disfrazado de causa social son inaceptables, los ejerza quien los ejerza.
Existe un cinismo perverso en las cúpulas de todo espectro que mercantilizan el discurso de la justicia. Por un lado, liderazgos subversivos que instrumentalizan la indignación social para enriquecerse o perpetuarse, utilizando a idealistas como carne de cañón; por el otro, gobernantes y aparatos estatales que, en nombre del orden o la seguridad, violan impunemente los derechos humanos y convierten las instituciones en herramientas de persecución. Desmontar ambas narrativas es indispensable: ni la violencia insurreccional es una respuesta legítima, ni el autoritarismo de Estado es un mal necesario.
Bajo esa misma premisa, resulta indispensable salvaguardar el derecho legítimo a la protesta en una democracia. Manifestarse, exigir cuentas y disentir son pilares ciudadanos inalienables; sin embargo, su ejercicio debe cautelar la integridad y dignidad humana, el libre tránsito, los derechos de terceros y la protección de los bienes públicos y privados. La protesta ciudadana no es vandalismo, así como el control del orden público jamás debe traducirse en detenciones arbitrarias ni al margen del debido proceso.
Por ello, la condena al terrorismo y a la arbitrariedad no admite matices ni dobles raseros: debe aplicarse con la misma intransigencia ante la barbarie insurreccional que ante el terrorismo de Estado, cuando las propias instituciones se desvían de la ley para masacrar, perseguir o desaparecer a sus ciudadanos.
Un llamado a la tolerancia y la democraciaEn un entorno global convulso, la supervivencia democrática exige volver a los principios esenciales: tolerancia frente a la opinión ajena y rechazo absoluto al extremismo. Esto cobra una urgencia crítica en periodos electorales, donde reaparecen viejas y peligrosas prácticas: desde la incursión —descarada o solapada— de actores con antecedentes subversivos, o sin ellos, que buscan llegar al poder por la vía democrática para luego desmantelarla, hasta regímenes y gobernantes que instrumentalizan el poder estatal para perpetuarse e impedir la alternancia, pisoteando derechos fundamentales.
Apostar por una sociedad donde el pensamiento antagónico no sea visto como una amenaza a erradicar, sino como parte del debate legítimo, puede sonar hoy como una aspiración idealista. Pero no es una utopía: es la lección que nos dejan los cristales de Oslo y la única barrera real que separa a una nación civilizada de la barbarie y el autoritarismo, venga disfrazado de la ideología que sea.
