Detrás de múltiples medidas regresivas institucionalizadas
Hay una lista cada vez mayor de derechos que hemos empezado a perder y que las mujeres habíamos dado por hecho. El reciente auge de la ultraderecha nos ha empujado a olvidar cosas tan simples como la libertad, la democracia y la dignidad. Un escenario confuso, donde salen tantas cosas a la vez: discursos de odio, recortes del Estado, migración, guerras, TradWife, AntiWoke, si el feminismo ha llegado demasiado lejos, el AI nos va a extinguir, MAGA, etc. Todo sucede tan rápido que supera nuestra capacidad de comprenderlo y limita nuestro poder de indignación. Y ese es el verdadero truco de pensamiento de la ultraderecha. Es más fácil esconderse detrás de decenas de atrocidades, que de un solo incidente. Nuestros derechos fundamentales son algo tan simple de sostener; pero ellos lo agitan con tanta fuerza para aflojar nuestra capacidad de agarre.
Mucho se ha documentado la existencia de una articulación estratégica donde gobiernos ultraconservadores dirigen un ataque sistemático a la equidad de género. Según expertos, esto funciona como cortina de humo mediática y dispositivo de legitimación política para desmontar las redes de protección social, precarizar la vida, cumplir metas de déficit fiscal y extraer recursos a mínimo costo. En esta marea, las primeras en asumir las consecuencias siempre somos las mujeres.
¿Es verdad que el feminismo ha llegado demasiado lejos?
A nivel global, la brecha estructural de género refleja la dimensión del problema: datos oficiales de la ONU señalan que las mujeres poseen apenas el 64% de los derechos jurídicos de los hombres. Al ritmo actual, la igualdad legal plena tomará 286 años. Este estancamiento se agrava porque en casi tres de cada cuatro países la legislación permite el matrimonio infantil forzado, y el 44% de los Estados carece de marcos normativos de igualdad salarial por trabajo de igual valor.
En América Latina, los avances logrados tras décadas de movilización sufren una acelerada erosión por derivas autoritarias, recortes presupuestarios y el desmantelamiento institucional. Esta estrategia continental deja desamparadas las mujeres y niñas, provocando un retroceso de más de tres décadas en derechos conquistados, intensificando la violencia doméstica, en las calles y laboral, y obligando a los movimientos feministas a luchar por garantías que se daban por sentadas. Acá examinamos la ingeniería estatal de cada país, empezando por la contracción pública en Argentina.
Argentina: Reformas presupuestarias y cierre institucional
En Argentina, la administración del presidente Javier Milei ha rechazado la noción de brecha de género, catalogando las medidas correctivas previas como «ideología de género» o «discriminación positiva». El gobierno disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (creado en 2020) y retiró la perspectiva de género de la contabilidad presupuestaria nacional, dejando al país sin entidad ministerial en la materia por primera vez desde el retorno a la democracia.
El reordenamiento suprimió dispositivos territoriales de atención y desfinanció el Programa Acompañar, que otorgaba apoyo económico equivalente a un salario mínimo por seis meses, junto con asistencia psicológica y legal a víctimas de violencia. Paralelamente, se desmanteló el Plan Nacional ENIA -orientado a prevenir el embarazo en la adolescencia y facilitar anticonceptivos-. Según el instituto ASEI, se han observado incrementos en infecciones de transmisión sexual como la sífilis y alzas regionales de embarazos juveniles. Asimismo, el cese de moratorias jubilatorias afectó a mujeres dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en un escenario donde la pobreza supera el 32,3% y entre los niños y niñas de 0 a 14 años aumentó al 44,5% en el primer semestre de 2026. Además, el país registra entre 200 y 250 feminicidios anuales.
El Salvador: Estado de excepción
Con 7 años en el poder, el presidente Nayib Bukele mantiene desde 2022 un régimen de excepción para combatir a las pandillas. No obstante, organismos como Human Rights Watch denuncian detenciones arbitrarias, torturas y la suspensión del debido proceso tras la aplicación indefinida de estas medidas.
El Salvador sostiene una prohibición absoluta del aborto que precede al gobierno actual, pero cuya criminalización se ha radicalizado: tribunales han llegado a condenar a mujeres a hasta 50 años de cárcel por emergencias obstétricas o pérdidas gestacionales tras tipificarlas como homicidio agravado. Esta crítica situación se ha agravado con el régimen de excepción. Organizaciones civiles denuncian que mujeres que sufren emergencias de salud reproductiva son procesadas bajo normativas antiterroristas, quedando incomunicadas y sometidas a reclusiones prolongadas sin defensa legal inmediata. Bukele ha calificado el aborto de «genocidio» y prohibió el lenguaje inclusivo en escuelas públicas y documentos oficiales. Además el partido oficialista ultraconservados Nuevas Ideas controla el 90% del Congreso.
Chile: desvinculación internacional
En Chile, la presidencia de José Antonio Kast (asumida en marzo de 2026) planteó en campañas anteriores reestructurar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para transformarlo en un Ministerio de la Familia, además de expresar oposición formal al aborto y a ciertos métodos anticonceptivos. Kast fungió como presidente de Political Network for Values, una plataforma conservadora transatlántica surgida en 2014 durante un encuentro internacional en la sede de la ONU en Nueva York, orientada a articular marcos legislativos en defensa de la familia tradicional y frenar acuerdos multilaterales sobre derechos reproductivos y de género.
A nivel interno, la administración chilena optó por no adherir a las directrices del Core Group LGBTIQ+ regional, dejando en abandono estatal a estas comunidades. La legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo continúa acotada a las tres causales específicas aprobadas en 2017 (riesgo vital materno, inviabilidad fetal y violación); y se prevé que bajo este gobierno se trunquen los avances hacia el aborto libre y seguro.
¿Quién era el padre del actual presidente de Chile?
Michael Martin Kast Schindele (Thalkirchdorf, Baviera, 2 de abril de 1924-Buin, 9 de mayo de 2014) fue un militar y empresario alemán nacionalizado chileno. Fungió como soldado de la Wehrmacht entre 1942 a 1945, estando afiliado en el Partido Nazi durante el mismo periodo. Tras la derrota de la Alemania nazi, se instaló en Chile durante el gobierno de Gabriel González Videla, donde varios de sus descendientes han tenido papeles importantes en la derecha chilena, incluyendo a José Antonio Kast, presidente de Chile desde 2026.
Info: Wikipedia
Ecuador: Compromisos fiscales
El gobierno de Daniel Noboa dispuso la fusión del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno, medida enmarcada en planes de reducción del gasto público y compromisos con el FMI. La acción incluyó reducciones previas del 23% del presupuesto asignado a la cartera de género en 2024, provocando saturación en las casas de acogida para víctimas de violencia.
Esta contracción estatal coincide con altos índices de criminalidad. Según la organización Aldea, que mapea feminicidios, Ecuador contabilizó 411 feminicidios en 2025. Diversas organizaciones han denunciado revictimización: por ejemplo, una menor de 12 años abusada en Quito por su hermano y otros 11 integrantes de un grupo criminal fue restituida judicialmente a su entorno familiar tras la saturación de los servicios de acogida. Paralelamente, el aborto continúa penalizado fuera de las tres causales legales, persistiendo barreras institucionales y señalamientos de comités de derechos humanos de la ONU por la atención a víctimas de violencia sexual.
Perú: Hegemonía legislativa y niñas madres
La consolidación política en torno a Keiko Fujimori y la alianza parlamentaria ultraconservadora han intensificado el desmonte de políticas de género en Perú. La coalición aprobó normativas como la ley que permite a asociaciones de padres vetar contenidos en textos escolares y otra que elimina el enfoque de igualdad de género y la Educación Sexual Integral (ESI) para sustituirlos por el «enfoque de familia».
Actualmente se mantiene la obligación de impartir contenidos biológicos, anatómicos y de prevención reproductiva, sin embargo, la organización jurídica Enfoque Derecho, advierte que, al eliminar la enseñanza sobre igualdad, diversidad e identificación de roles de género, el Estado priva a niñas y adolescentes de herramientas críticas para reconocer y denunciar abusos cometidos en su entorno familiar o comunitario. En materia reproductiva rige el restrictivo Código Penal de 1924, que prohíbe el aborto salvo en causal terapéutica extrema. Esto provocó que en 2025 un total de 993 niñas de 14 años o menos fueran forzadas a parir tras ser víctimas de violación sexual; ese mismo año, el Ministerio de Salud (Minsa) atendió a 9800 niñas, niños, niños y adolescentes por abuso sexual.
Actualmente avanza en el Congreso la propuesta de fusionar o eliminar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para reemplazarlo por un «Ministerio de la Familia. Este desmantelamiento amenaza directamente el presupuesto de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), red que gestiona alrededor de los 142,000 casos anuales de violencia de género, en un país donde aproximadamente el 50% de las mujeres declara haber sufrido violencia a manos de su pareja.
Colombia: Golpe a la educación laica
Presentándose como un empresario outsider ajeno a la clase política tradicional y respaldado por Donald Trump, Abelardo de la Espriella construyó su ascenso combinando la promesa de 10 megacárceles al estilo de Nayib Bukele, el fin de la «paz total» y una reducción radical del Estado al estilo de Javier Milei. Su proyecto llegó a la presidencia marcando un viraje frontal contra las políticas de género.
A solo 8 días de iniciado el gobierno, sectores ultraconservadores afines radicaron proyectos en el Congreso para revertir el derecho al aborto, aunque la Corte Constitucional lo despenalizó hasta la semana 24 de gestación en 2022. Aunque estas iniciativas chocan con las garantías constitucionales reconocidas, expertos coinciden en que utilizan el aborto como bandera electoral para movilizar votos religiosos, principalmente de las iglesias católica y evangélica pentecostal.
Al mismo tiempo, el gobierno encomendó la cartera de Educación a figuras de la línea dura religiosa como Viviane Morales e Ilva Myriam Hoyos, promoviendo revisiones escolares para censurar la educación sexual bajo el rótulo de «campaña woke» y proponiendo entregar la administración de escuelas públicas hasta por 12 años a organizaciones religiosas como la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la Misión Carismática Internacional y la Iglesia Católica. Todo esto ocurre en un ambiente de agudización del conflicto y paros armados de grupos paramilitares y guerrillas, que incrementan la violencia contra la niñez y el reclutamiento de niñas y niños, especialmente en zonas rurales.
Estados Unidos: Ofensiva contra el voto femenino
El retroceso en Estados Unidos tuvo su punto de quiebre en 2022, cuando la Corte Suprema eliminó la protección federal del aborto, lo que permitió su prohibición total o parcial en 26 de los 50 estados. Sin embargo, las mujeres siguen abortando: muchas se trasladan a estados donde está permitido -con frecuencia apoyadas por organizaciones que financian los viajes -o acuden a la telemedicina para acceder a medicamentos abortivos.
De acuerdo con reportes de PEN America, en el ciclo escolar 2024-2025 se registraron 6.870 casos de prohibición o restricción de libros en 87 distritos escolares de 23 estados; alrededor del 39% de las obras afectadas abordaban diversidad sexual e identidad (LGBTQIA+) o cuestiones raciales y antirracismo, incluyendo clásicos de autores como Toni Morrison e incluso Gabriel García Márquez.
Sectores ultraconservadores, pastores evangélicos e influencers han promovido propuestas extremas como el «voto por hogar» o la derogación de la 19.ª Enmienda de la Constitución, la cual garantiza el sufragio femenino en Estados Unidos desde 1920. En paralelo, eventos de la derecha radical como las cumbres de Turning Point USA alientan a las jóvenes a abandonar sus estudios para depender económicamente del matrimonio.
Quien asume primero el impacto de la estrategia
Organismos como la CEPAL, ONU Mujeres y la CIDH advierten que América Latina enfrenta una regresión de derechos que impacta especialmente a mujeres e infancias. En este marco, la ONU alerta que el desmantelamiento de carteras de género provoca un «apagón estadístico» que impide medir el impacto de estas políticas, dejando a las instituciones operando a ciegas y sin evidencia. Ya sea que esta ofensiva funcione como una estrategia de la ultraderecha para justificar modelos extractivistas e incumplir tratados sobre medio ambiente y calidad democrática, la realidad insoslayable es que las mujeres están asumiendo el impacto directo de estas decisiones.
Escucha este análisis en el podcast Female Gaze, con Lina Alvarez y Monica Orjuela
